El exjugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, enfrenta una investigación fiscal en Perú tras la denuncia de un grupo de empresarios que aseguran haber sido perjudicados por la empresa NSN Barcelona, de la cual el campeón del mundo es copropietario. Según el Ministerio Público, se habría incumplido la realización de varios eventos deportivos y artísticos, pese a que los inversionistas aportaron grandes sumas de dinero para llevarlos a cabo.
De acuerdo con la denuncia, la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros inversionistas peruanos entregaron cerca de 600.000 dólares para la ejecución de proyectos que contaban con el respaldo de NSN Sudamérica, filial en la región de la compañía del exmediocampista español. El documento fiscal sostiene que el prestigio internacional de Iniesta habría sido utilizado para captar capital, amparándose en la promesa de eventos que finalmente no se concretaron.
Entre los eventos señalados están el UPA UPA Fest, un duelo amistoso entre Cienciano y Nacional de Quito, el K-Pop Music Fest y un partido de leyendas entre Perú y España. Sin embargo, solo el primer evento llegó a realizarse, y lo hizo con pérdidas significativas. Tras ello, la filial sudamericana no presentó rendiciones de cuentas ni devolvió el dinero invertido, y posteriormente se declaró en quiebra en junio de 2024.
La carpeta fiscal también indica que otros inversionistas —como Ivan Petrozzi, Juan Manuel Vargas Alva y Jorge Alberto Yáñez Giles— realizaron aportes que tampoco fueron devueltos, pese a que estaban destinados a un amistoso internacional entre Barcelona SC y Sporting Cristal disputado en Miami en 2023. El patrón de incumplimientos habría sido constante, según detalla el informe.
En abril de 2023, Iniesta había anunciado con entusiasmo la llegada de Never Say Never al Perú, asegurando que buscaba impulsar proyectos deportivos innovadores en Sudamérica. “Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú”, declaró entonces el campeón mundial. Hoy, sin embargo, su empresa enfrenta una investigación que podría escalar mientras los denunciantes exigen que se esclarezcan los hechos y se recuperen sus inversiones.
