Las ollas comunes atraviesan una crisis profunda y exigen una reunión inmediata con el presidente José Jerí ante el riesgo de un inminente colapso. Las dirigentes afirman que el presupuesto actual es “insuficiente para sostener la demanda alimentaria”. Aunque el Ejecutivo anunció S/20 millones adicionales, esta ayuda solo cubrirá tres meses. Las más de 4.500 ollas comunes de Lima y provincias alertan que no podrán continuar sin un incremento real del presupuesto.
Fortunata Palomino, vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes, señaló que los S/2 por beneficiario no alcanzan para alimentar a miles de familias vulnerables. “Pedimos un aumento real, no un parche temporal”, expresó. La reciente transferencia anunciada por Jerí proviene de los fondos sobrantes del programa escolar y no de una ampliación presupuestal estable. Por ello, las dirigentes insisten en una mesa de diálogo urgente con el Ejecutivo.
El subsidio actual de 0.25 céntimos por persona tendrá un ligero incremento hasta diciembre, pero no resuelve el déficit estructural. Jerí afirmó: “Haremos todos los esfuerzos para mejorar el presupuesto”, aunque aún no responde a la reunión solicitada por la Red. Palomino advierte que, tras diciembre, “todo volverá a ser igual” si no se formaliza un aumento permanente. El pedido central: elevar el monto a S/6 por beneficiario.
El Programa de Complementación Alimentaria cuenta con 145 millones de soles, insuficientes para cubrir a todas las ollas comunes del país en 2025 y 2026. Según la Red, el Estado solo cubre el 30% del costo real de los alimentos. Muchas ollas han debido suspender desayuno y cena, quedando solo con el almuerzo. Además, el presupuesto por ración llegó a caer hasta S/1.69 en años anteriores, cifra considerada crítica para mantener la operación.
A esta situación se suma la demora en la ejecución presupuestal de varios municipios, donde las compras recién iniciaron en agosto. Esto podría generar que los fondos no usados regresen al Tesoro Público. La Red propone que el dinero se entregue mediante tarjetas electrónicas de compra, permitiendo adquisiciones directas y un control más transparente. Las boletas electrónicas facilitarían la fiscalización mensual de cada organización.
Las dirigentes también denuncian sobreprecios en productos esenciales. En algunas licitaciones, el aceite que cuesta S/6 se ofrece hasta en S/14. Por ello piden que la Contraloría y el Midis supervisen los procesos. Además, señalan que la fiscalización estatal ha disminuido desde que la gestión pasó a manos de las municipalidades. “Este año no hemos tenido auditorías ni visitas del Midis”, advierten. Esto afecta el seguimiento y pone en riesgo la calidad del servicio.
A pesar de estas dificultades, las ollas mantienen sistemas internos de control y registro. Buscan demostrar la transparencia de su trabajo y garantizar que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan. La Red insiste en una reunión formal con el presidente para instalar una mesa de trabajo permanente. “Esperamos que no demore. Lo pedimos por justicia social”, afirmó Palomino. Las madres organizadas siguen sosteniendo la alimentación de miles de familias.
Las ollas comunes están integradas principalmente por mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas madres solteras. La crisis económica y la inseguridad han incrementado la demanda diaria. Mujeres que antes trabajaban en transporte o venta ambulatoria hoy acuden a las ollas en busca de alimento seguro. “No podemos negar comida a nadie”, concluye Palomino, reflejando la gravedad del panorama y la urgencia de una respuesta estatal concreta.
