El Perú registra miles de proyectos activos en minería, pesca e infraestructura, pero gran parte de la ciudadanía desconoce que la información sobre montos, avances y contrataciones debe ser pública y actualizada por las entidades responsables. La transparencia es un derecho ciudadano y una obligación del Estado. Conocer esta información permite vigilar el buen uso de los recursos y exigir rendición de cuentas.
Según el Mapa de Inversiones del MINEM, a noviembre de 2025 existen más de 53 mil proyectos financiados total o parcialmente con canon, sobrecanon y regalías desde 2012. El monto acumulado supera los S/ 81,811 millones. Más de 22 mil obras fueron financiadas exclusivamente con estos recursos, mientras que otras 35 mil recibieron financiamiento mixto. Esta data permite identificar prioridades y evaluar resultados.
Los recursos del sector minero se destinan sobre todo a infraestructura básica, agua y saneamiento, centros de salud, caminos vecinales y proyectos productivos en gobiernos subnacionales. En el caso del sector pesquero, las regiones costeras administran desembarcaderos, infraestructura de cadena de frío y programas productivos. Estas inversiones buscan mejorar servicios, productividad y calidad de vida en zonas clave del país.
El MEF establece que todos los gobiernos subnacionales deben registrar y actualizar su Programa Multianual de Inversiones (PMI), así como la información detallada de cada obra en los sistemas oficiales. Esto incluye plazos, presupuestos y contrataciones. Sobre las APP, el Estado también está obligado a publicar cada etapa: estructuración, contratos, adendas y reportes de avance. La supervisión ciudadana depende de este acceso a la información.
Actualmente, el Perú cuenta con decenas de Asociaciones Público-Privadas (APP) en sectores como infraestructura vial, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y saneamiento. Para el periodo 2025-2026, la cartera nacional incluye 80 proyectos valorizados en cerca de US$ 17 mil millones. Estos modelos buscan atraer inversión privada manteniendo altos estándares de transparencia. La ciudadanía puede revisar el estado de cada uno en portales oficiales.
La transparencia es crucial porque garantiza el buen uso de los recursos públicos, reduce riesgos de corrupción y asegura que las inversiones respondan a necesidades reales. Por ello, desde Saber para Crecer se invita a los ciudadanos a revisar los proyectos de su región y ejercer activamente su derecho a la vigilancia. Como señala la iniciativa: “La información pública solo genera impacto cuando los ciudadanos la usan para exigir mejores servicios”.
