El Concejo Municipal de San Isidro rechazó la propuesta de la alcaldesa Nancy Vizurraga que buscaba incrementar en un 26 % los arbitrios para el 2026, correspondientes a seguridad ciudadana, parques y jardines, limpieza pública y residuos sólidos. Con cinco votos en contra, dos abstenciones y ninguno a favor, la medida fue descartada en una sesión marcada por la polémica.
La reunión no fue transmitida por Internet, como es habitual, ni se permitió el ingreso de vecinos. Fue el teniente alcalde Julio Avanzini quien expuso la posición mayoritaria contra la iniciativa, señalando que no se puede aprobar un aumento sin mejoras claras en la calidad de los servicios. La falta de transparencia también generó críticas de parte de exregidores y ciudadanos.
El exregidor Víctor Bazán cuestionó la propuesta indicando que la actual gestión registra apenas un 8,8 % de ejecución de gasto hasta junio de 2025, muy por debajo del promedio nacional de 30 %. Además, San Isidro figura con 0 % de ejecución del FONCOMUN para proyectos de inversión, pese a tener más de 3.6 millones de soles disponibles.
Bazán recordó que en 2024 ya hubo un incremento de 18 % en arbitrios, pese a que la municipalidad dejó sin ejecutar 23 millones de soles, y lo mismo ocurrió en 2023 con otros 20 millones. “No existe evidencia de que los recursos sean insuficientes, lo que falta es gestión eficiente y criterios técnicos claros”, enfatizó.
La regidora Zuleika Benel también rechazó la iniciativa y comparó la situación con el IGV: “Si el Congreso rechaza un aumento de impuestos, el porcentaje vigente se mantiene. Lo mismo ocurre aquí: los vecinos seguirán pagando los arbitrios actuales, sin ningún vacío legal”. Para ella, culpar a los regidores por la ineficiencia de algunos funcionarios es un error.
Los vecinos de los cinco sectores de San Isidro han mostrado su malestar, cuestionando la pésima calidad de servicios en seguridad, limpieza y áreas verdes. Ante este escenario, Vizurraga convocó a una sesión extraordinaria para insistir en el tema, aunque especialistas advierten que una reconsideración es inviable sin votos de la mayoría inicial y que forzar una segunda votación podría ser nulo por vulnerar la Ley Orgánica de Municipalidades.
