Más de 200 empresas de transporte urbano de Lima y Callao anunciaron que no participarán del paro previsto para este 4 de noviembre, asegurando que sus unidades continuarán operando con total normalidad. Voceros del sector reiteraron su compromiso de mantener el servicio público y pidieron reforzar el diálogo con el Gobierno ante la crisis de inseguridad. El anuncio se dio luego de un paro parcial registrado este lunes en el Callao. Pese a ello, la mayoría de rutas funcionó con normalidad durante la mañana.
El malestar entre los transportistas surge por los constantes ataques, extorsiones y asesinatos que han afectado a choferes y cobradores en los últimos meses. Aunque todos coinciden en la necesidad de mayor seguridad, no existe una postura unificada respecto al paro. Mientras algunos gremios decidieron respaldarlo, más de 200 empresas confirmaron que no dejarán de operar. Sus representantes consideran que paralizar el servicio solo agravaría los problemas de movilidad en la capital.
Durante una conferencia realizada en Lince, dirigentes de diversas asociaciones de transporte público reiteraron que no acatarán la medida convocada para este martes. Señalaron que el paro no ayudará a enfrentar la delincuencia y perjudicará a millones de usuarios. Héctor Vargas Egas destacó el reciente trabajo conjunto entre gremios, Ejecutivo y Congreso, que permitió avanzar en una norma para reforzar el control territorial. “Estamos viendo una voluntad política que antes no existía… vamos a seguir vigilantes para que la ley se reglamente correctamente”, afirmó.
Vargas Egas también explicó que los transportistas plantearon declarar Lima en estado de emergencia, aunque con un enfoque distinto al aplicado en oportunidades anteriores. Señaló que esta medida permitiría una reacción más eficiente de la Policía Nacional frente a bandas delictivas que operan en zonas críticas. Asimismo, insistió en aplicar un control territorial coordinado entre municipios, serenazgo y fuerzas del orden para reforzar la presencia estatal.
El vocero recordó que el sector propuso endurecer las sanciones contra delincuentes reincidentes. Entre las medidas planteadas están la creación de pabellones de máxima seguridad y regímenes de aislamiento de 23 horas sin visitas, salvo la del abogado. Agregó que estas acciones buscan controlar a quienes continúan delinquiendo desde las cárceles. El gremio subrayó que más de 200 empresas mantendrán sus operaciones para evitar afectaciones a los usuarios.
Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, expresó su solidaridad con las familias de los conductores asesinados recientemente. Sin embargo, insistió en que suspender el servicio no frenará la delincuencia. “Entendemos el dolor de cada chofer que sale sin saber si volverá con vida. Pero paralizar la ciudad no resolverá nada. Necesitamos acciones sostenidas y coordinación real entre autoridades y ciudadanos”, sostuvo. Recalcó que la actividad del sector no se detendrá este martes.
Pareja advirtió que la corrupción dentro de las instituciones sigue siendo un obstáculo para combatir la violencia en el transporte público. Señaló que durante años se aprobaron leyes que favorecieron a intereses particulares y debilitaron la respuesta del Estado. Los gremios reiteraron su compromiso de seguir dialogando con el Gobierno para fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones laborales. Finalmente, pidieron presencia policial constante, patrullaje coordinado y sanciones efectivas contra las mafias que siguen extorsionando al sector.
