El sector de movilidad urbana por aplicativos ya se consolida como un actor relevante en la economía nacional. Un estudio de Macroconsult revela que esta actividad representa el 0.4% del PBI peruano y cerca del 9% del valor agregado del sector transporte, confirmando su peso dentro del ecosistema urbano y productivo del país.
Solo en 2024, el valor bruto de producción asociado a estos servicios alcanzó los S/ 4,200 millones, lo que supone un crecimiento cercano al 50% en apenas dos años. Este avance responde a la digitalización del transporte, a la preferencia por servicios más seguros y a la necesidad de ingresos flexibles en un mercado laboral con alta informalidad.
Según el economista Álvaro Monge, líder del estudio, “la movilidad por aplicativo no es solo un fenómeno urbano, es una actividad económica visible que ya impacta directamente en miles de hogares peruanos”. Además, el uso de estas plataformas ya supera al taxi tradicional en Lima Metropolitana, impulsado por factores como costo, rapidez y seguridad.
En paralelo, otro debate económico tomó relevancia en los últimos días: el ajuste presupuestal del Fondo Mi Vivienda (FMV) para el 2025. Aunque el presupuesto pasó de S/ 2,175 millones a S/ 1,088 millones, especialistas aclaran que no se trata de un recorte que afecte la continuidad de los bonos habitacionales.
Durante los últimos años, el FMV tuvo capacidad para entregar alrededor de 54,000 bonos, pero la ejecución real fue mucho menor. En el periodo más reciente, apenas se colocaron entre 10,000 y 11,000, lo que equivale a cerca del 25% del presupuesto disponible, muy por debajo de la brecha habitacional existente.
Para Valentín Bonnet, cofundador de Inversiones IO, “si se ejecuta menos de la cantidad de bonos disponibles, es lógico que se ajuste el presupuesto a una cifra más realista frente a la demanda actual”. El nuevo monto, precisa, sigue siendo más del doble de lo que el fondo ejecuta en un año promedio.
Finalmente, Bonnet subraya que “el ajuste del 2025 no afecta al mercado inmobiliario ni debilita al Fondo Mi Vivienda”. Los bonos continúan vigentes, la demanda estructural se mantiene —con un déficit de entre 1.6 y 1.8 millones de viviendas— y las inversiones no se verán comprometidas, confirmando que el cambio responde a un criterio técnico y operativo, no financiero.
